La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública de 2014 incorporó nuevos sujetos obligados –de naturaleza jurídica diferente y, en consecuencia, disciplinados por normas sustantivas y adjetivas diversas–. Además, estableció un plazo al Congreso de la Unión para emitir diversas leyes generales; entre ellas, la de archivos. En el presente artículo, se reflexiona sobre la tendencia que prevalece por resolver los graves problemas nacionales a través de leyes generales que pretenden homologar procedimientos, pese a que la diversidad es el rasgo más característico –y no necesariamente el más pernicioso– de la realidad nacional.
