En el Estado de México existe un fuerte debate provocado por la existencia de cuerpos auxiliares de seguridad pública que realizan funciones de guardia y custodia de instituciones y particulares a cambio de una contraprestación económica por sus servicios. La actividad que desarrollan es consecuencia de la autorización emitida por las autoridades del estado al reconocerlos como organismo auxiliar. Este problema es cada vez más visible como consecuencia de la expansión de sus actividades, durante la actual administración federal, una vez que elementos de uno de estos organismos sustituye a los elementos de la policía bancaria del Distrito Federal, quienes
tradicionalmente custodiaban las instalaciones de las dependencias de la administración pública federal.
