La implementación del modelo jurídico presupuestal en el Estado de México, inspirado en el diseño teórico de la Nueva Gestión Pública y en modelo del Presupuesto basado en Resultados, ocurrió en un contexto de corrupción y discrecionalidad que provocó su inefectividad y limitó sus alcances para constituirse como un mecanismo de justificación del proyecto del presupuesto de egresos, lo que impidió su uso adecuado para favorecer el ejercicio de los recursos públicos bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, honestidad y transparencia, identificación de acciones y objetivos que realmente incidieran en la modificación de las condiciones sociales y económicas del Estado. En lugar de ello se propició el despilfarro, la falta de control del gasto corriente, la definición de acciones desvinculadas de los indicadores establecidos en los Planes de Desarrollo y la persistencia de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos públicos.
