La estrategia de posverdad que adoptan diversos actores de poder, a través del uso de información noticiosa o de falso carácter noticioso, pretende reconstruir los hechos, manipulando las emociones o perjuicios de la sociedad, afectando los derechos de diversos grupos vulnerables. Frente a dicho intento, el derecho a la verdad de los pueblos puede garantizarse a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, el que sólo puede garantizarse si los sujetos obligados cumplen con su obligación de documentar todo lo que realicen en el ejercicio de sus facultades, competencias y funciones y si existen archivos administrativos actualizados.
