Esta Resolución fue aprobada el 23 de agosto de 2017, se destaca porque la mayoría de la información solicitada, fue clasificada como confidencial, por ello, fue necesario el desarrollo de la prueba de interés público que la ley le confiere al órgano garante para demostrar que documentos como el Curriculum vitae, Título profesional de Licenciado en Derecho y constancias, certificados, diplomas, cursos o documentos análogos que conformen los expedientes laborales y académicos de jueces y notificadores deben ser públicos, por ello se ordenó su entrega.
